El Observatorio por la Libertad de Enseñanza en Andalucía (OLEA) ha realizado un estudio sobre el listado de no admitidos del reciente proceso de escolarización en 218 centros concertados andaluces.
El análisis de los datos concluye que se necesitarían 112 nuevas unidades concertadas de Infantil de 3 años para atender la demanda de las familias andaluzas.
Para atender esa demanda la concertada debería crecer en Infantil de 3 años en un 25% más de su capacidad o, lo que es lo mismo, que el alumnado no admitido supone un 25% del alumnado que atiende.
El Observatorio por la Libertad de Enseñanza en Andalucía (OLEA) ha realizado un estudio sobre las listas de admisión de alumnos del proceso de escolarización para el próximo curso que está en marcha, en los diferentes niveles educativos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, de 214 centros concertados andaluces en la mayor parte de sus provincias (Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla).
En Andalucía hay actualmente, en el curso 2013/2014, un total de unos 457 centros concertados en Infantil (algo más en E. Primaria, 461 centros). Con ello este análisis es más que representativo, pues recoge datos del 47,7% de los centros concertados de la Comunidad autónoma.
De dicho estudio se extrae que en estos centros ha habido 1.327 familias andaluzas que han solicitado plaza en un centro concertado en Infantil de 3 años y que no la han obtenido, por falta de vacantes, quedando en el listado de no admitidos y siendo enviados a otro centro, habitualmente de titularidad de la Administración pública.
Extrapolando este dato o ampliándolo al total de centros concertados de Andalucía, podría considerarse que existirían 2.782 familias andaluzas que no han podido ocupar una plaza en el centro concertado solicitado. Esto supondría que para atender a este alumnado solicitante harían falta 112 nuevas unidades concertadas de Infantil de 3 años en la Comunidad autónoma.
Esto supone que la concertada, para atender a este alumnado debería crecer en un 25% de su capacidad actual.
Sevilla aparecería como la localidad donde más solicitantes, en términos brutos, han quedado en el listado de no admitidos en centros concertados en Infantil de 3 años en Andalucía, con 429 solicitantes no admitidos en los 50 centros analizados (de un total de 99 centros concertados que existen en la provincia); seguido de Cádiz, donde 352 solicitantes no han podido entrar en el centro concertado solicitado (se han analizado 61 centros concertados de los 77 de la localidad).
En otros cursos y niveles educativos cabe destacar que sólo en los centros analizados, que suponen algo menos del 50% de los centros concertados, 1.096 familias andaluzas han solicitado plaza y han quedado en el listado de no admitidos en Infantil de 4 y 5 años. Resulta llamativo este dato. Normalmente la mayor incidencia en el proceso de escolarización se produce en los cursos que inician nivel educativo, particularmente en Infantil de 3 años, momento en que se inicia mayoritariamente la escolarización. Este volumen de solicitudes en Infantil de 4 y 5 años, supone que familias que no han obtenido plaza en el centro concertado solicitado en Infantil de 3 años, insisten en solicitar el mismo en los años sucesivos, a pesar de que habitualmente los centros no sacarán vacantes en esos cursos. Este elemento pone de manifiesto el interés de los padres en ejercer su derecho a la libertad de enseñanza.
En Primaria y ESO, en los centros concertados analizados, 4.299 alumnos habrían quedado en el listado de no admitidos.
Entre los diferentes niveles educativos en los 218 centros concertados andaluces analizados estaríamos hablando de 6.722 familias en listados de no admitidos. Elevado este dato a la totalidad de los centros concertados de la Comunidad autónoma estaríamos hablando de 14.092 no admitidos, entre los diferentes niveles educativos.
El portavoz del Observatorio, Jesús Muñoz de Priego Alvear, ha comentado: “A pesar de lo significativo que resultan estos datos, indudablemente también desde un punto de vista cuantitativo, debe tenerse en cuenta que sólo ponen de manifiesto o dejan entrever la punta del iceberg, pues no cabe olvidar que la política de admisión de alumnos de la Junta de Andalucía tiene un muy importante efecto disuasorio para las familias, en el sentido de que son muchas las que ni siquiera solicitan el centro que quieren como prioritario, conscientes de que conforme a su puntuación, en virtud de los criterios que se aplican, sus posibilidades de acabar escolarizados en el centro solicitado son mucho más que escasas, excesivamente exiguas.
Por ello muchas familias acaban por solicitar el centro que consideran menos malo a sus intereses, renunciando a aquel que pueda responder a sus opciones y prioridades educativas, ideológicas, religiosas, pedagógicas,….
Si a las familias se les permitiera libremente que eligieran, sin mayores cortapisas, el centro que desean, estamos convencidos de que los datos serían aún más escandalosos”.
E insiste: “La conclusión no puede ser otra que la evidencia de que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía no atiende ni satisface la demanda social de los andaluces, en cuanto a admisión de alumnos, y que, lejos de optar por la libertad de enseñanza, se convierte así en un obstáculo para el ejercicio de la misma.
No deja de sorprender que un Gobierno formado por partidos que abogan públicamente porque se les reconozca como adalides de las libertades ciudadanas y defensores de que a las minorías se le reconozcan sus derechos, realicen, sin embargo, esta política de restricción de una libertad pública, que no está por reconocer, sino que, por el contrario, está recogida nada menos que en el texto constitucional, y que afecta a una minoría tan amplia y considerable de la sociedad.
Todo esto debería llevar a una reflexión por parte de la sociedad andaluza, porque es lícito que los partidos políticos tengan sus planteamientos ideológicos, sus preferencias, su discurso en educación, y que en dicho sentido pretendan orientar a los ciudadanos; pero lo que no es legítimo es que cuando acceden a los poderes públicos impongan esas posturas ideológicas, y mucho menos cuando eso supone restringir o impedir el ejercicio de libertades públicas reconocidas constitucionalmente.”.
El “Observatorio por la Libertad de Enseñanza en Andalucía” (OLEA) aglutina entidades representativas del sector de la enseñanza de iniciativa social y entidades sociales y ciudadanas. En concreto: entidades representantes de titulares de centros de iniciativa social y patronales (Escuelas Católicas Andalucía y AESECE Andalucía); entidades representantes de trabajadores y sindicatos (USO Andalucía y FSIE Andalucía); entidades representantes de madres y padres de familia (CONCAPA Andalucía y Federación “Mª Auxiliadora” de AMPAS Salesianas); y, entidades y asociaciones sociales (Profesionales por la Ética y Hazteoir). Igualmente, aun cuando no forma parte como miembro del mismo, participa a petición de sus componentes, como invitado permanente, la Secretaría Técnica de Enseñanza de la Asamblea de los Obispos del Sur.
