Nuestro sindicato ha conseguido su primera sentencia a favor en la provincia de Cádiz en la que se reconoce el abono de sexenios a una profesora de Religión. El importe de la condena asciende a 19.176,69 euros más intereses y recoge asimismo la obligatoriedad de regularizar el abono de los sexenios en nómina desde el presente mes. Desde 2015, más de medio millar de profesores de esta asignatura en toda Andalucía han conseguido sentencias a favor en su reclamación del abono de sexenios gracias a la intervención de USO y de sus servicios jurídicos. El caso de Cádiz, el abogado que ha llevado el caso ha sido Santiago Macías Gaitán.
Desde USO venimos reclamando de forma insistente que el derecho al abono de sexenios conseguido por sentencia se regule por normativa y no se tenga que estar recurriendo constantemente a los tribunales, ya que se tienen que seguir presentando demandas individuales. Hasta ahora se han ganado todas, siempre y cuando el profesor haya superado los seis años de actividad y las 100 horas de perfeccionamiento.
Como referencia en la lucha por los derechos del profesorado de Religión, desde USO Andalucía también se está trabajando con el objetivo de solventar otra situación de injusticia a la que se enfrentan muchos de estos profesores una vez que concluyen su vida laboral: el desfase entre su tiempo trabajado y reconocido a efectos de antigüedad y el tiempo cotizado, por lo que al no tenerse en cuenta, todos esos años trabajados para el cálculo de la jubilación, tienen que jubilarse más tarde.
Ante esta injusta e indeseable situación, por ahora sólo podemos acudir, una ocasión más, a la vía judicial. A lo largo de estos años han sido ya muchos los compañeros y compañeras que han podido ver reconocidos sus derechos a una pensión justa, mediante sentencia judicial posteriormente a su jubilación, por lo que reclamamos a la administración que evite tener que recurrir a los tribunales y dé carta de naturaleza a lo que ya consigue USO ante la justicia: el reconocimiento de todo el tiempo de antigüedad laboral como cotizado.
Esta anómala situación tan sólo afecta al profesorado de los CEIP, que como es bien sabido, aún depende de la administración del Estado. Una situación anacrónica sobre la que este sindicato también ha venido realizando múltiples iniciativas para solicitar su transferencia a la Junta de Andalucía, para que así tengan los mismos derechos que el resto de sus compañeros de claustro docente.
