La Federación de Enseñanza de USO ha presentado un escrito dirigido al Secretario de Estado de Educación y a la Subdirectora General de Personal Laboral en el que les insta a tomar medidas efectivas para frenar las negativas consecuencias que el desarrollo de la LOE / LOMCE está teniendo para el empleo del Profesorado de Religión.
USO valora muy positivamente el contenido de la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, por la que se derogan algunos artículos del Real Decreto-Ley 14/2012, poniendo fin a algunas de las medidas previstas en él; en particular, las que hacían referencia al incremento de ratios de alumnos por grupo y al incremento de jornada lectiva semanal docente. Y particularmente las previstas en el artículo único del punto 2, recomendándo con carácter ordinario un máximo de 23 horas en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial y un máximo de dieciocho horas en lo centros que imparten el resto de enseñanzas.
Por ello, y en tanto que el Ministerio es el responsable del pago de las nóminas del profesorado de Religión en aquellas Comunidades Autónomas a las que no ha sido transferido, de su contratación y de la modificación de sus contratos, desde USO se insta al Ministerio a:
- Tomar las medidas necesarias para que a partir del curso 2019-2020, la jornada lectiva semanal considerada completa en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial sea la de 23 horas lectivas (incluyendo la vigilancia de recreos cuando corresponda).
- Se comunique esta medida a las Administraciones autonómicas afectadas, para facilitar la gestión de horarios y profesores necesarios, antes de que comience el próximo curso.
Todas las medidas que USO pide para este Profesorado tienen como objetivo garantizar la estabilidad y calidad de su empleo, como se hace con el resto de los trabajadores.
Este colectivo de profesores, mayoritariamente mujeres, lleva años prestando un servicio educativo de gran calidad en los centros públicos, que merece por parte de las Administraciones un reconocimiento y otra consideración.
