Hoy 24 de abril, se ha publicado en BOE la Orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de abril, “por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021”, que recoge el acuerdo al que han llegado algunas Comunidades Autónomas con el Ministerio.

Ni Andalucía, ni las CCAA de Murcia, Castilla y León, Madrid y el País Vasco, se han sumado a dicho acuerdo, por lo que no lo aplicarán, al menos en su integridad. La ministra declaró, en un primer momento, que se había conseguido un gran consenso en la Conferencia Sectorial del pasado 15 de abril, sin embargo, comprobamos con decepción que la contienda política sigue marcando el paso en nuestra educación con una confrontación de bloques permanente.

En el caso de Andalucía, el principal desacuerdo está en el punto de la evaluación, promoción y titulación: la Orden del Ministerio da libertad para que cada Administración Autonómica establezca las condiciones para la promoción y titulación, llegando a decir que “no serán tenidas en cuenta limitaciones para obtener la titulación que afecten al número de áreas pendientes., es decir, no establece límite de asignaturas pendientes ni para promocionar ni para obtener la titulación. Por lo que se abre un escenario muy delicado, donde el acceso a los títulos académicos estará sujeto a condiciones diferentes según determinen las diferentes Administraciones, sin tener en cuenta las limitaciones establecidas en la LOMCE, ley orgánica de educación en vigor, común a todo el territorio español.

En estas circunstancias, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ha hecho pública hoy también su propia Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. Ambos documentos, la Orden del Ministerio y la Instrucción de la Consejería, comparten la mayoría de los aspectos, como es, por decirlo en pocas palabras, el de no querer “penalizar” al alumnado en su resultado académico por las circunstancias de este tercer trimestre. Pero, la Instrucción de la Consejería deja por escrito que “…se ajustará a la normativa estatal y autonómica vigente”.

La Federación de Enseñanza de la USO de Andalucía, lamenta y ve con preocupación la falta de acuerdo general en la Conferencia Sectorial en unas circunstancias tan graves y excepcionales como las que estamos viviendo.

Para FEUSO, la promoción de curso generalizada supone en la práctica también un aprobado general, algo que, según hemos constatado rechaza una parte muy significativa del profesorado. Esto afectará de manera especial a los alumnos que cambien de etapa, como es el caso de 6º de Primaria y 4º de ESO. El 2º curso de Bachillerato es el más importante a considerar, pues las calificaciones cuentan significativamente para la nota de acceso a la universidad y determinará en muchos casos la elección de los estudios superiores y de universidad. En este aspecto, al ser la EBAU una prueba de ámbito nacional y con efectos en todo el Estado, habría habido que garantizar condiciones de valoración iguales para todos los estudiantes.

FEUSO cree necesario, en esta situación tan atípica y novedosa, dar mayor protagonismo al profesorado y a los equipos docentes y proporcionar más autonomía a los centros educativos, pues son los que mejor conocen la realidad y el contexto particular de su alumnado. Ellos son los más capacitados para adaptar el currículo y los criterios de evaluación y promoción de la manera más justa y razonable para aplicar con carácter personalizado la flexibilidad que todo el mundo invoca, indispensable en las condiciones actuales, pero siempre desde un marco normativo común para todos.

Desde FEUSO observamos también con preocupación la propuesta de la Orden del Ministerio, que afecta a los procedimientos de admisión para el curso siguiente, donde se dispone que se pueden delegar las funciones de las comisiones de escolarización en la inspección o en otras unidades administrativas. Esta medida supone una restricción a la participación de la comunidad educativa en un proceso tan importante. Es necesario arbitrar los medios necesarios para que las comisiones de escolarización sigan realizando su función con normalidad.

Para FEUSO la evolución de la pandemia es todavía incierta. Las condiciones de seguridad y de salud de profesores y alumnos deben priorizarse por encima de todo en el futuro retorno a los centros de trabajo y de reactivación de la actividad docente, también de cara al inicio del curso 2020-21. Deseando una pronta recuperación de la normalidad, tendremos que atenernos a las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias y realizar cuantas adaptaciones sean necesarias para que la reanudación de las actividades académicas no suponga ningún riesgo para la salud de la comunidad educativa.

 

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO ANDALUCÍA

 

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