Otra vez la Junta de Andalucía muestra su lado más sectario en el ámbito educativo. Trata de imponer su modelo, pisoteando la voluntad de miles de familias andaluzas de estratos socioeconómicos desfavorecidos, desoyendo las sentencias de los tribunales de Justicia, poniendo en peligro la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y ninguneando a las Comisiones Provinciales de Conciertos que han apoyado la concertación de los centros de Educación Diferenciada. Con ello queda patente el nulo respeto que tiene la Señora Presidenta de la Junta de Andalucía –última responsable de este disparate- a las familias, a los tribunales de Justicia, a los trabajadores y a los órganos de participación democrática que no controlan. Y todo por tratar de imponer su modelo educativo.

Nos preguntamos si tanta sinrazón y tamaño dislate tendrá que ver con los movimientos internos en su propio partido, de cara a su próximo congreso, en el que parece que hay que demostrar qué candidato (o candidata) es más extremista.

¿Han perdido el norte?, ¿no consideran en la Junta que los centros de Educación Diferenciada tienen una alta demanda social y unos resultados académicos y formativos muy por encima de la media de los centros educativos andaluces?, ¿acaso estas familias, de pronto, se han vuelto tontas y quieren escolarizar a sus hijos en centros mediocres y –como ellos dicen malintencionadamente- segregadores? La actuación de la Junta y el momento elegido demuestran una evidente mala intención y una provocación, en la no debemos caer, en estos momentos.

La próxima semana comienza el período de escolarización, en el que las familias solicitan centros para sus hijos, de cara al próximo curso. Probablemente todo el ruido que se produzca en relación con este asunto podría disuadir a muchas potenciales familias a acudir a los centros de Educación Diferenciada para tratar de escolarizar a sus hijos el próximo curso escolar. Por esta razón, en la USO creemos que hemos de actuar con mucha prudencia y defender nuestros principios y derechos, sin echar gasolina al fuego provocado por la Junta de Andalucía.

En cualquier caso, consideramos una temeridad que la Sra. Díaz actúe de este modo, sabiendo –como saben formalmente todas las partes- que el Tribunal Supremo se va a pronunciar definitivamente sobre la legalidad de los conciertos a los centros de Educación Diferenciada a mediados del mes de abril. Recordamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya sentenció la legalidad de estos conciertos educativos y que la Junta de Andalucía recurrió al Tribunal Supremo que se pronunciará en breve. Por ello, cuando el sentido común, el respeto y la lealtad institucional aconsejaban aguardar a la sentencia del Tribunal Supremo, la actuación de la Junta resulta temeraria y cargada de mala fe.

La USO, que defiende sin matices el derecho constitucional de las familias a elegir el centro educativo que creen mejor para formar a sus hijos, y que ha venido luchando denodadamente por la estabilidad laboral de todos estos trabajadores, va a seguir denunciando la actuación partidista y antidemocrática de la Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía y va a utilizar todos los medios que nuestro estado de derecho nos ofrece para defender la libertad de las familias y la estabilidad laboral de los trabajadores. Ahora, insistimos, es el momento de la prudencia… y de la escolarización.

Mª Paz Agujetas

Secretaría General

FEUSO-Andalucía