El Consejo de Ministros aprobó, coincidiendo con el Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Estrategia Española de Discapacidad para el periodo 2022-2030.

El objetivo de la Estrategia Española de Discapacidad es contribuir a hacer efectivos los derechos humanos de este colectivo, más de 4 millones de personas en España, y sus familias.

Para su desarrollo, España cuenta con la financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que deben ir destinados al refuerzo de los servicios públicos, a vivienda, educación, cultura y nuevos empleos, entre otras cuestiones.

Desde USO celebramos la puesta en marcha de esta estrategia que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas con discapacidad y abordar este pilar social desde varios frentes. Es de vital importancia reconocer, lo que sin duda para nosotros constituye el primer paso para implementar la estrategia: la publicación en el INE de una nueva estadística sobre discapacidad con datos de 2020. En varias ocasiones, desde USO hemos insistido en el problema que existía a nivel nacional con la ausencia de datos oficiales sobre discapacidad. Los datos anteriores, publicados también por el INE, correspondían al año 2008 con cifras de 2007.

También desde USO hemos denunciado recientemente el incumplimiento generalizado de las comunidades autónomas de la Ley Estatal de Dependencia por lo que esperamos que la estrategia aprobada sirva para reforzar la cooperación entre instituciones y contribuir a la mejora de nuestro estado de bienestar.

Por último, instamos a que se pongan todos los recursos necesarios sobre la mesa para que la igualdad y la inclusión sean una realidad y para garantizar la seguridad jurídica tan necesaria debido a la existencia de una gran cantidad de cambios normativos.

Precedentes en el ámbito de la discapacidad

La Estrategia Española de Discapacidad se publica después de que la Unión Europea adoptara hace apenas un año un marco similar para el periodo 2021-2030. La Estrategia Europea es una continuación de la anterior (2010-2020) y pretende cumplir con la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. Desde las instituciones europeas se recuerda que “las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades”.

La estrategia “paraguas” promovida por la UE gira en torno a tres temas principales: derechos de la UE (garantía de las personas con discapacidad a ejercer los derechos establecidos para los ciudadanos de la unión); vida independiente y autonomía, y no discriminación e igualdad de oportunidades.

Por otro lado, la legislación española también ha sufrido cambios en los últimos años. Un ejemplo de ello es la ley que elimina la incapacitación judicial, la tutela y la patria potestad prorrogada, que entró en vigor en 2021 o la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de la discapacidad, como se demuestra en la última macroencuesta de violencia de género.

Tanto la estrategia europea como la española se basan en los valores de la Convención de las Naciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Una estrategia basada en las demandas de la sociedad civil

Las autoridades gubernamentales han insistido en que la metodología utilizada para el diseño de la Estrategia Española de Discapacidad ha sido participativa y que esta se basa en reivindicaciones de las familias de personas con discapacidad y de las diferentes organizaciones de la sociedad civil.

El plan estatal ha partido de una encuesta ciudadana, accesible a todos, que ha recibido más de 8.000 respuestas y en la que se han formado 13 grupos de discusión sobre diversas temáticas clave como la salud, la educación, el empleo o la vida independiente. En ella, han participado 190 personas, más del 60% con alguna discapacidad. La formación de un grupo de personas con discapacidad -con apoyos- para participar en las políticas que les afectan es una novedad.

Un plan estatal y autonómico que incluye aspectos como la igualdad de género

Aunque la estrategia ha sido diseñada en el plano estatal, hace completamente partícipes a las comunidades autónomas, que poseen amplias competencias en materia social, y por tanto en todo lo que respecta a discapacidad. También implica a los ayuntamientos y a la iniciativa privada.

La estrategia contempla 7 desafíos:

  • Ciudadanía activa y pleno ejercicio de los derechos humanos
  • Inclusión social y participación
  • Autonomía personal y vida independiente
  • Diseño y accesibilidad universal
  • Apoyo a las familias
  • Igualdad y diversidad
  • Cohesión territorial, gobernanza, diálogo civil, innovación y desarrollo sostenible

Además del esbozo de estos retos específicos, se han querido incluir en ella la perspectiva de género en la atención a las personas con discapacidad, además de otras materias transversales a las que se pretende dar respuesta, y que están recogidas en la Agenda 2030, como la emergencia climática o el reto demográfico. El plan tendrá repercusión en el ámbito rural, donde también residen personas con discapacidad y donde algunos servicios o accesos ya son de por sí deficientes.

Aplicar esta perspectiva interseccional implica reconocer que la discapacidad no puede entenderse sin el análisis de otras realidades o situaciones de discriminación. Las mujeres o las personas que viven en el mundo rural ya se enfrentan a discriminaciones propias, por lo que la discapacidad solo aumenta su vulnerabilidad. En el caso de las mujeres con discapacidad, es frecuente que se cuestione su capacidad para emitir juicios o para tomar sus propias decisiones, y también que sufran una mayor exposición a la violencia que los hombres.