Los medios de comunicación se han hecho eco de que el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado la norma andaluza que endurecía la evaluación de los alumnos, aunque desde la Junta se aclara que la mayoría cualificada en los equipos educativos anulada era «una demanda de los centros» y que no anula toda la Orden, tan solo determinados preceptos.

Esta es el comunicado que ha lanzado la Consejería para aclarar la sentencia:

Cabe aclarar que la sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) no anula las Órdenes de 30 de mayo de 2023, de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, sino los «preceptos impugnados», y que tienen que ver con una valoración técnico-jurídica sobre si se ajusta a Derecho que la normativa autonómica contemple la exigencia de que las decisiones que ha de adoptar el equipo docente para la evaluación final, la promoción y la titulación del alumnado sea adoptada por una “mayoría cualificada de dos tercios”, frente a la normativa estatal que dispone que “las decisiones serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna».

La introducción en la normativa andaluza de que las decisiones de evaluación, promoción y titulación del alumnado deben adoptarse por una mayoría cualificada de dos tercios respondió a una demanda de los centros educativos, que de esta forma disponían de mayores garantías jurídicas y criterios más objetivos, por tanto también de igualdad para el alumnado independientemente del centro en el que desarrolle sus estudios.

El Gobierno andaluz ha defendido que la LOMLOE, la ley orgánica aprobada sin consenso por el Gobierno de España en diciembre de 2020, menosprecia la cultura del esfuerzo, enviando un mensaje muy negativo al alumnado con la posibilidad de promoción sin límites de suspensos, una circunstancia que no significa que el alumno apruebe y mucho menos que adquiera las competencias necesarias, que es realmente lo trascendente.

Cabe recordar que Andalucía ha logrado incrementar en diez puntos la tasa de titulación en la ESO con una normativa que determina de forma más clara y precisa las condiciones para el desarrollo de las sesiones de evaluación del esfuerzo del alumnado, es decir, un marco para garantizar que los estudiantes han alcanzado realmente las competencias que se requieren.

Facilitar la promoción sin que el alumno haya alcanzado las competencias solo maquilla estadísticas y perjudica su camino para que pueda seguir progresando con éxito dentro del sistema, en la Formación Profesional o en la Universidad.

Andalucía ha apostado por extender los apoyos y refuerzos educativos para que el alumnado con dificultades académicas logre el éxito académico, es decir, ha apostado por poner el foco en el alumnado con inversión de recursos, frente a un Gobierno de España que prefiere el terreno del contencioso-administrativo.

Cabe lamentar que el Gobierno de España no ha atendido ninguna de las solicitudes de convocatoria de la Conferencia Sectorial que ha hecho Andalucía, se ha negado a flexibilizar los fondos europeos para beneficiar a las familias andaluzas con la gratuidad del primer ciclo de Infantil conforme al modelo andaluz, no ha atendido la petición de financiar la gestión de becas en nuestra Comunidad como sí hace con Cataluña, o cubrir los costes y la gestión del alta en la Seguridad Social a los alumnos de Formación Profesional, que ha asumido en su totalidad la Junta de Andalucía.