El dinero no es la causa de la quiebra de las negociaciones porque, ante el argumento de revertir los recortes con un incremento del presupuesto educativo hasta el 5% del PIB, además del compromiso del Gobierno, exige a la vez del acuerdo con las Comunidades Autónomas, que son quienes gestionan el 90% de la inversión educativa. Probablemente estemos al comienzo de una reactivación del frente anti-LOMCE como estrategia ante la previsión de un anticipo electoral.

Además, la idea de indexar el presupuesto educativo al PIB es una irresponsabilidad dada la experiencia vivida durante los últimos años, pues una nueva crisis económica y un PIB negativo abocaría a nuevos recortes inevitablemente, sobre todo en una situación tan inestable en el plano nacional e internacional como la que estamos padeciendo. La prioridad de la educación y su papel esencial en el desarrollo futuro del país reclaman nuevas fórmulas para “blindar” una financiación suficiente que haga posible los fines que se le demandan.

Desde FEUSO, constatamos, como en anteriores ocasiones, que la educación en España sigue secuestrada por la política para los fines exclusivos de sus partidarios, sin aceptar la primera evidencia de nuestra experiencia democrática: que tenemos que apostar por la convivencia de las dos visiones educativas principales de una vez por todas, acordando un marco estable por el bien común y en beneficio de los intereses generales del país.

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO