El nuevo Informe PISA 2009, que se ha publicado el 7 de diciembre, evalúa las competencias básicas del alumnado de 15 años en comprensión lectora, comprensión matemática y científica, sitúa a la educación española en el puesto 33 de los 65 países que están presentes y coloca a Andalucía en las últimas posiciones de las regiones españolas que han participado. Solamente Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han obtenido peor puntuación. No han participado Valencia, Extremadura y Castilla La Mancha.
Para la Federación de Enseñanza de USO-Andalucía, el dato revela que la educación española sigue instalada en la más absoluta mediocridad. Con ligeras variaciones, España repite los mismos resultados que en 2006. Seguimos, pues, con un sistema educativo que no está a la altura de las circunstancias e instalado, además, en una complaciente mediocridad. Continuamos sin mejorar: el mismo fracaso escolar y desciende el número de alumnos de alto rendimiento. La provincia china de Shanghai, Corea del Sur y Finlandia ocupan los primeros puestos en un Informe que, en esta ocasión, se centra especialmente en las competencias lectoras de los alumnos de 15 años. En España, han participado en este Informe 910 centros y un total de 27.000 alumnos.
A la Federación de Enseñanza de USO le sigue resultando sorprendente el triunfalismo del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que han celebrado estos datos como una victoria. Si se interpretan de esta manera los resultados, desde la FE-USO-Andalucía aumentamos nuestras dudas para confiar en que esta Administración educativa lidere el cambio en la educación que la sociedad española -y especialmente la andaluza- demanda.
Para la FE-USO-Andalucía buena culpa de esta mediocridad y de la falta de excelencia educativa la tiene la excesiva politización de las cuestiones educativas, que marca las líneas de actuación del Ministerio y de las Comunidades Autónomas. El Informe PISA confirma un dato que habría que tener mucho más en cuenta: el rendimiento de los alumnos no depende tanto del contexto socioeconómico y cultural sino de lo que ocurre dentro de su centro educativo. Esto significa que habría que avanzar a un ritmo más acelerado en la autonomía pedagógica y organizativa de los centros. Pero en vez de esto nos encontramos con el afán uniformizador del Ministerio y las Administraciones educativas, así como la poca libertad existente para que las familias puedan elegir el centro que deseen para sus hijos, sin discriminaciones.