Desde FeUSO Andalucía nos hacemos eco de la noticia de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía.
La futura norma promoverá la excelencia, la internacionalización del sistema científico andaluz y la colaboración público-privada.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Activa), que tendrá como principales objetivos promover la excelencia de la investigación para situarla a la vanguardia del conocimiento y fomentar la conexión entre universidad y empresa. De igual modo, pretende facilitar la colaboración público-privada en la financiación y el mecenazgo, así como favorecer la internacionalización y la integración europea de la ciencia andaluza.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, deberá ahora someter el texto legal a información pública y solicitar los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) o del Consejo Consultivo, entre otros, para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento de Andalucía, donde su aprobación será sometida a debate.
El documento, que ha sido consensuado con los representantes del sistema andaluz del conocimiento y con los agentes económicos y sociales, sustituirá al actual marco legal, que data de 2007. En los 17 años transcurridos, la ciencia de la región necesita actualizar sus estructuras y potenciar una mayor relación entre universidades, empresas y sociedad y una mayor transferencia del conocimiento, además de dotar de más protagonismo al sector privado en la inversión de I+D+I y de incrementar la gobernanza y la coordinación del sistema del conocimiento.
En materia de excelencia, la norma activará el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que reconocerá a los agentes más destacados de la comunidad científica regional mediante una certificación oficial basada en indicadores objetivos y homologables en el escenario internacional. Dicho sistema estará integrado por el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), las unidades de Investigación Competitivas y las unidades de Excelencia de Investigación, así como aquellos agentes del sistema del conocimiento que hayan obtenido el certificado correspondiente.
El I2A2 será una entidad pionera diseñada para captar y retener el mejor talento científico nacional e internacional. Actuará como puente entre la investigación básica y la aplicada, promoviendo proyectos disruptivos en áreas estratégicas y tendrá la capacidad de atraer a investigadores de renombre mundial, fortaleciendo a Andalucía como polo de investigación internacional. Por su parte, las unidades de Excelencia y las de Investigación Competitiva tienen por finalidad fomentar la investigación excelente mediante estructuras, fundamentalmente de las universidades, que potencien y mejoren la colaboración multi e interdisciplinar entre investigadores que trabajen en una temática de las recogidas en la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación u otras herramientas de planificación estratégica vigentes. Su reconocimiento se llevará a cabo a través de un sistema de acreditación, que se concederá tras un proceso competitivo y estará avalado por comités científicos formados por expertos internacionales y nacionales e independientes.
Estas estructuras tendrán una consideración de alto nivel y gozarán de una financiación exclusiva para desplegar un plan estratégico que les posibilite situarse a la vanguardia y acceder a medio plazo a ayudas estatales de reconocido prestigio como las María de Maeztu o las Severo Ochoa.
Otra de las novedades introducidas con el objetivo de contribuir a la excelencia del sistema es la configuración de dos nuevas figuras. La primera hace referencia al denominado personal tecnólogo, con competencia en tecnología aplicada para el diseño de productos en su área de actuación; y la segunda define al colaborador científico de la Junta de Andalucía. En este último caso, podrá serlo cualquier investigador que pueda adscribirse temporalmente a la administración autonómica o a sus entidades dependientes o vinculadas, con funciones de planificación, soporte o financiación de la investigación, para colaborar en tareas de elaboración, dirección, gestión o evaluación de los planes y programas de I+D+I.
De igual modo, la futura Ley Activa propone mejorar la gobernanza del sistema andaluz del conocimiento, con la creación de tres órganos. La Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación estará presidida por el presidente de la Junta de Andalucía; el Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación para Andalucía será un órgano consultivo de reflexión, debate y asesoramiento; y el Comité para la Integridad Científica de Andalucía será un ente colegiado, independiente y de carácter consultivo sobre materias relacionadas con la ética profesional en la investigación científica y técnica.
Conexión universidad y empresa
Para favorecer la interrelación entre el sistema de educación superior y el tejido empresarial, el nuevo marco regulador establecerá por primera vez las unidades de Innovación Conjunta, en las que investigadores y empresas trabajarán juntos para llevar el conocimiento a sectores estratégicos como la salud, la energía o la digitalización. En el ámbito privado, también se fomentará la innovación a través de la figura de las unidades de I+D+I Empresarial, que permitirán al tejido productivo acceder a incentivos dirigidos a agentes del conocimiento. Fundamentalmente, estas estructuras se focalizarán en el desarrollo experimental y estarán orientadas a satisfacer las necesidades de sus empresas titulares.
De igual modo, la Ley Activa fomentará la valorización, protección y transferencia del conocimiento como elemento imprescindible de la actividad investigadora. Asimismo, se velará por que esa transmisión sea bidireccional, superando el tradicional modelo lineal desde las universidades hacia la industria. Se reconocen como entidades relevantes en transferencia a los parques tecnológicos, las oficinas de Transferencia de Conocimiento (antiguas OTRI), integradas en universidades y organismos públicos de investigación; los centros tecnológicos, así como las empresas innovadoras y las de alta y media-alta tecnología o las fundaciones universitarias.
La financiación público-privada
La norma también aboga por reforzar la colaboración entre los sectores público y privado para garantizar la sostenibilidad económica de la investigación, diversificar los recursos y fomentar una cultura de responsabilidad compartida en el desarrollo del conocimiento.
Para ello, determina un marco normativo que favorezca, por un lado, las inversiones mixtas, impulsando convenios, acuerdos y contratos que combinen fondos de ambas naturalezas para proyectos de investigación e innovación y alcanzar así niveles de financiación similares a los de las regiones más competitivas de Europa. Y, por otro, el mecenazgo científico, para lo que se podrá proponer, dentro de lo que permita la Ley de Presupuestos, la elevación de los máximos de deducciones fiscales para los mecenas que inviertan en I+D+I o apoyen proyectos de este tipo. El Consejo del Mecenazgo en I+D+I, creado por esta ley, coordinará dichas iniciativas, asegurando transparencia y alineación con los objetivos estratégicos de Andalucía.
En cuanto a la proyección internacional, se considera esencial que la ciencia andaluza trascienda fronteras y que Andalucía sea capaz de exportar innovación, atraer talento y estar presente en aquellos órganos, sobre todo europeos, en los que se toman las decisiones más trascendentales relativas a la financiación de la I+D. Para ello, en este anteproyecto se contempla la constitución de la Oficina Europea de Coordinación de la Investigación para Andalucía, que tendrá sede en alguna de las instituciones europeas dedicadas a la gestión de los programas marco.
La norma también creará la Comunidad de Investigadores Andaluces en el Exterior, en la que estará integrado el personal investigador que ejerce sus labores fuera de España, todo ello, en estrecha colaboración con la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX). En este campo, se fomentará, igualmente, la participación de la región en proyectos europeos como Horizonte Europa y se reforzará la presencia en grandes infraestructuras internacionales, como el proyecto IFMIF-DONES en Granada.
La divulgación científica es otro de los aspectos en los que profundiza la norma, que plantea un plan específico de ciencia abierta y la puesta en marcha de la Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Parlamento de Andalucía para propiciar el diálogo y el conocimiento de la actividad que en I+D+I se lleva a cabo en Andalucía entre los distintos grupos políticos. Asimismo, se encargará de ofrecerles informes con rigor científico que les facilite tomar decisiones basadas en el conocimiento.
