El 136º Consejo Confederal de USO, celebrado el pasado 18 de febrero, aprobó una Resolución Especial que demanda grandes pactos y prioridades para la reconstrucción socioecómica y laboral. En relación con las política educativas, USO pide la derogación de la LOMLOE y la puesta en marcha de un Pacto Social por la Educación que dé estabilidad a nuestro sistema educativo y que se tramite entre grupos políticos y profesionales de la enseñanza, junto a todo el sector educativo.
En su Resolución Especial, debido a la situación excepcional que vivimos por el COVID-19 y sus consecuencias, desde USO se requiere a todos los grupos parlamentarios que prioricen el interés general, dejando a un lado conductas excluyentes que no ayudan en absoluto a remar juntos hacia los grandes retos que tenemos por delante: que podamos sentarnos todos juntos a trabajar en las prioridades reales que condicionarán nuestro presente y el futuro.
Reproducimos a continuación los textos que se refieren a las políticas educativas que necesita España para esta reconstrucción. Al final de la noticia, hemos incluido el texto completo de esta Resolución.
«Derogación de la LOMLOE y puesta en marcha de un pacto social por la educación que dé estabilidad y que se tramite entre grupos políticos y profesionales de la enseñanza, junto a todo el sector educativo. Que cuente con un amplio consenso, para que la educación deje de ser materia controvertida y continuamente politizada. Es urgente la apuesta por la calidad y las nuevas competencias, una enseñanza que innove académica y pedagógicamente, que sea ambiciosa en términos de cualificación, a la vez que vaya acorde a los ODS y que contemple la capacitación, carrera profesional y formación de los docentes. Promover la sociedad del conocimiento, que apueste por estudios científicos, técnicos y artísticos, y que estos se adecúen al cambio digital que se está produciendo, dotando a su vez de prestigio a la formación profesional. Asimismo, debe asimilar la convivencia y complementariedad de los modelos educativos, definir un proyecto compartido válido para una amplia mayoría política y social, y debe defender y considerar, en condiciones equivalentes, a todos los trabajadores de la enseñanza, con independencia del tipo de centro en el que desarrollen su actividad.
Garantizar la seguridad y la salud laboral de todo el personal que desempeña su trabajo en los centros educativos, sea docente o PAS, a través de formación, información, medios de protección y protocolos de trabajo.
Mejorar la inversión en educación. Las nuevas modalidades formativas que debemos poner en práctica para la prevención y la protección de la salud de alumnos y trabajadores implican un descenso de ratio y, por tanto, surge la necesidad improrrogable de aumentar las plantillas para hacer frente a estas nuevas circunstancias. Además, el progresivo aumento de días lectivos en estos últimos años en el calendario escolar incrementa la presión de carga lectiva sobre el profesorado. Hay que corregir esta curva ascendente, ya que la sobrecarga lectiva es contraria y enemiga de la calidad educativa.
El profesorado precisa un programa de formación y asesoramiento en línea que apoye toda la labor educativa a distancia que está realizando con sus recursos personales: formación pedagógica y asesoramiento TIC. Debe contar con metodologías activas, aplicaciones informáticas, colaboración, trabajo en red y ciberseguridad; enriqueciendo la comunidad de aprendizaje con mayor interacción del profesorado y otras interacciones sociales constructivas. La nueva situación requiere de una plataforma de apoyo emocional para apoyar a los docentes en el manejo de situaciones estresantes y repetitivas, recurriendo al trabajo de estrategias de autorregulación cognitiva y emocional. Formación integral del docente: contar con la suficiente preparación para poner su labor al servicio de los estudiantes ante la diversidad y adversidad en la que en estos momentos nos encontramos. Se hace imprescindible una reforma del sistema de formación que permita coordinaciones y alianzas entre el Ministerio, editoriales, universidades, agentes sociales y otros colectivos implicados.
Apoyo educativo a las familias, con un plan de choque contra la brecha digital mediante la dotación de dispositivos tecnológicos a todas las familias que no dispongan de ellos para evitar los casos de «desconexión digital» que se han dado hasta ahora. Formación digital necesaria y específica para cada etapa, que permita a las familias hacer frente a las demandas de la escuela y contribuir de manera eficaz a la educación de sus hijos, y el desarrollo normativo que contemple un protocolo de acompañamiento real a las familias por parte de la escuela y del departamento de orientación.
Más información: Texto de la Resolución Especial de USO.
