Los empresarios no se conforman. Quieren imponer mayores recortes laborales a los trabajadores discapacitados, que ya vienen sufriendo grandes mermas desde que empezó la crisis.

En el convenio nacional del sector que se está negociando, los empresarios (las asociaciones empresariales AEDIS y FEACEM son las encargadas de negociar por parte de la patronal) quieren evitar que se mejoren las condiciones laborales pactadas en el último texto, denunciado hace ya casi dos años (en junio de 2016). El secreto de querer retrasar las negociaciones quizá esté escondido en un párrafo del convenio que sigue en vigor en donde se dice que “el nuevo convenio colectivo que se firme no tendrá efectos retroactivos, incluidos los aspectos económicos y retributivos, que solo serán exigibles a partir de la suscripción del nuevo convenio”.

Cuando se habla de discapacidad, al menos de un tiempo a esta parte, lo cierto es que suele ser para dar a conocer nuevos derechos, mejoras en el acceso a servicios básicos, ayudas para para paliar los déficits derivados de la discapacidad, mejoras en el mundo laboral, mayor inclusión social, educativa… En definitiva, de un tiempo a esta parte, la sociedad es consciente de que no puede y no debe dar la espalda a un amplio colectivo que requiere un trato justo para lograr la plena integración en la sociedad en la que vivimos.

Sin embargo, todavía existen algunos sectores de esta sociedad que piensan que el colectivo de la discapacidad puede ser exprimido en el ámbito laboral, pues en su retrogrado pensamiento quizá aún queden restos de aquellos antiguos mantras que preconizaban que valíamos menos. Esto es lo que parece estar pasándole a la patronal que en la actualidad se encuentra negociando el XV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

En el convenio que se firmó en 2012 y que hoy sigue en vigor (XIV convenio), no sólo no se mejoraron las condiciones de los trabajadores, que en su gran mayoría somos discapacitados, sino que se pisotearon derechos que ya se suponían adquiridos, como la supresión de los trienios, no respetar la antigüedad generada desde la percepción del último trienio hasta la eliminación de éstos, la implantación de un complemento de desarrollo profesional (CDP) para sustituir al anterior, totalmente subjetivo, de mucha menor cuantía y asimétrico entre los trabajadores del convenio, no computar durante un periodo de 18 meses ni los antiguos trienios ni los nuevos CDP, eliminación de los días de libre disposición,  congelación de los salarios desde 2010 (excepto las subidas de 1% de 2015 y 2016), eliminación de la gratificación por servicios prestados a los doce años de pertenecer a una empresa, y tantos otros aspectos que empeoraron las condiciones laborales de un gran numero de personas con discapacidad que, con un esfuerzo adicional, fueron capaces de encontrar un trabajo con el que poder satisfacer sus necesidades vitales.

No contentos con estos cambios abusivos y oportunistas, los grupos de la patronal encargados de defender la postura de la misma ante el nuevo convenio que ya debía estar en vigor, pretenden seguir ahondando en la asfixia económica y de progreso social de las personas con discapacidad amparadas por este convenio.

Hace pocos días se ha sabido que los funcionarios públicos del Estado verán incrementado su salario en los próximos 3 años en casi un 9%, si las condiciones económicas siguen siendo favorables. Pues bien, en la negociación de nuestro convenio, la patronal ha planteado que se nos suba un 0% el salario en el año 2017 y un 1 % en el año 2018. ¿De verdad nos merecemos esto los trabajadores amparados por este convenio?

Pero ahí no queda la cosa, porque también pretenden reducir las retribuciones de los contratos en prácticas, incrementar la jornada irregular, mantener el tan injusto creado CDP, no devolver los días de libre disposición… En definitiva, pretenden seguir empeorando las condiciones laborales de muchas personas con discapacidad que ya empeoraron en 2012.

Y mientras tanto, la patronal no se toma en serio este asunto, porque están cómodos mientras se mantienen las condicionas del convenio que hay en vigor, no acuden con propuestas sensatas a las reuniones de negociación, no tienen voluntad alguna por desencallar una situación que empieza a ser insostenible para muchos trabajadores del sector. En definitiva, no creen que seamos un colectivo que crea un gran valor en el tejido productivo de la sociedad española, no cree en la valía de las personas con discapacidad, no cree en la igualdad de oportunidades, no cree en la justicia social y no quiere que las personas con discapacidad amparadas por este convenio colectivo salgan de la crisis con las mismas “facilidades” que el resto de trabajadores de este país.

Animamos a las organizaciones sindicales FE-CC.OO. y FETE-UGT, quienes participaron en la firma del anterior convenio tan devastador para los intereses de las personas con discapacidad, a que no se hagan cómplices nuevamente de agravar la situación descrita anteriormente mediante medidas que no vayan en un claro progreso de las condiciones laborales de todas las personas afectadas por este convenio. Ellos también serán responsables de que, esta vez sí, el XV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, devuelva derechos sustraídos y dignifique la encomiable labor de los trabajadores representados por el mismo. 

Ignacio Viéitez Torres

Secretario del comité de empresa

Los nueve miembros del comité de empresa de Fepamic servicios de asistencia SL que se enumeran a continuación ratifican el texto anterior en su totalidad:

  1. Antonio Mata Martín, representante por el sindicato U.S.O.
  2. Ignacio Viéitez Torres, representante por el sindicato U.S.O.
  3. Juan Hernández Román, representante por el sindicato U.S.O.
  4. Mª Ángeles Zafra Alcaide, representante por el sindicato U.S.O.
  5. Antonio Ferri Navarro, representante por el sindicato U.S.O.
  6. Francisco Carrasco Herrador, representante por el sindicato U.S.O.
  7. Encarnación Moreno Rodríguez, representante por el sindicato U.S.O.
  8. Ana Mª Bueno Martínez, representante por el sindicato U.S.O.
  9. Patricia Valenzuela Mateo, representante por el sindicato S.I.D.

 

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