Desde la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO) hemos solicitado que los docentes y personas trabajadoras del sector de la enseñanza sean considerados por las administraciones públicas como grupos prioritarios en el proceso de vacunación contra la COVID-19 al igual que sucede en otros países, en los que los docentes sí ha sido considerado personal prioritario por el riesgo de exposición y capacidad de transmisión que tiene.

La exposición que el personal de los centros educativos tiene a un posible contagio de la COVID-19 es muy alta debido a que están muchas horas con un número elevado de alumnos en el aula, lo que supone un factor de riesgo muy elevado. Por eso, desde la Federación de Enseñanza de USO consideramos que el personal docente, el de Administración y Servicios y el Complementario de las redes pública, concertada y privada debe ser considerado igualmente prioritario en el segundo grupo de vacunación contra el coronavirus. De esta manera se conseguiría la máxima seguridad y salud para todos quienes intervienen en el proceso educativo de nuestros alumnos.

Desde FEUSO insistimos en la necesidad de prestar especial atención al colectivo de profesorado de mayor edad y que puede ser más vulnerable ante la COVID-19. Este grupo se suele concentrar en los centros de enseñanza concertada –casi 600 centros sólo en Andalucía–, ya que en la pública pueden alcanzar el 100% de jubilación incluso con 60 años. Desde FEUSO Andalucía se ha conseguido ya que la Consejería de Educación y Deporte permita al profesorado de la concertada que reúna los requisitos que pueda acceder –con recursos propios de los centros– a la jubilación parcial con una reducción máxima del 75% de la jornada laboral. Nuestro objetivo es conseguir que los docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos consigan un trato igualitario, más necesario que nunca en la actual situación de emergencia sanitaria en la que las personas de mayor edad peor lo están pasando.

En relación a esto, desde FEUSO recordamos la necesidad de actualizar los protocolos de prevención de riesgos laborales en el ámbito educativo, que fueron realizados en base al ‘Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV 2’, emitido por el Ministerio de Sanidad el 8 de junio de 2020. En el caso de la enseñanza, se generalizó que todos los trabajadores se sitúan en un Nivel de Riesgo 1 (NR1), es decir, que tienen una baja probabilidad de exposición al virus.

Dicha categorización es, a todas luces, insuficiente, ya que se está adoptado en base a un criterio, el trabajo sin contacto con personas sintomáticas, que no se ajusta a la realidad. Esta decisión excluye la posibilidad de que los empleadores puedan adoptar medidas encaminadas a la adaptación del puesto de trabajo de algunos de sus trabajadores, especialmente a los grupos vulnerables y de más de 60 años. A muchos de estos trabajadores no se les ha realizado ningún estudio, ni evaluación, ni reconocimiento médico, por lo que siguen realizando las mismas tareas educativas en los mismos puestos, en contra de los propios criterios del Ministerio de Sanidad.

Desde este sindicato también ponemos el foco sobre la situación de los trabajadores de los centros de Atención a la Discapacidad, a los que se deben priorizar e incluso igualar a los colectivos sociosanitarios dado el papel que desempeñan más allá del educativo, más si cabe con personas que suelen padecer varias patologías y por lo que presentan una situación especial vulnerabilidad ante el coronavirus.