Esta mañana, la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FE-USO-Andalucía) ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un Recurso Contencioso Administrativo contra las Órdenes de 27 de febrero de 2014 (publicadas en el BOJA del 7 de marzo) de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por las que resuelve la solicitud de conciertos educativos de los doce centros andaluces que imparten el modelo pedagógico de educación diferenciada y a los que pretende mantener la retirada del concierto educativo, de manera progresiva hasta su extinción, por el mero hecho de no hacerse mixtos.

En el mismo recurso, la FE-USO-Andalucía ha pedido al TSJA la suspensión cautelar de las mencionadas Órdenes, para evitar el daño irreversible que se podría ocasionar para los trabajadores de los centros y las familias, dadas las fechas en la que nos encontramos.

Desde la USO consideramos que esta decisión del Consejero de Educación es arbitraria, injusta, sectaria y enormemente irresponsable, porque provoca para los trabajadores afectados por las unidades a las que la Administración trata de suprimirles el concierto, un daño extraordinario ya que podrían perder su puesto de trabajo, a pesar de que son trabajadores de centros muy consolidados y viables en el futuro, con una alta demanda social. Supone, además, un ataque frontal contra la libertad de las familias a la hora de elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos; derecho consagrado en la Constitución Española.

Esta obsesión liberticida y uniformizadora del gobierno de Andalucía ya provocó durante el pasado curso la pérdida de unos 70 puestos de trabajo. Si, finalmente, el Consejero Luciano Alonso prosiguiera con su actual política de acoso a estos centros, destruiría para el próximo curso otros 55 puestos de trabajo más, correspondientes a 34 nuevas unidades. Al final del proceso habría liquidado 289 puestos de trabajo directos -de plantilla- entre docentes y personal de Administración y Servicios; además de otro importante grupo de trabajadores de contratas externas (comedor, limpieza, transporte, etc.), superior a otros 100 trabajadores. Hacer semejante destrozo (unos 400 puestos de trabajo) en una comunidad autónoma, como Andalucía, con un 36,3% de desempleo, nos parece un auténtico dislate.

La USO, desde el curso pasado, ha venido luchando denodadamente por la estabilidad de los puestos de trabajo y por el mantenimiento del concierto en los centros concertados de educación diferenciada, tanto en la Mesa de la Enseñanza Concertada, como en diversas movilizaciones; pero Educación no ha rectificado su decisión.

Por esa razón, la USO acude nuevamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras haber emprendido la misma iniciativa los titulares y diversas AMPA de los centros afectados.

Ahora, con una nueva ley educativa en vigor -la LOMCE- que contiene una sustancial modificación del artículo 84.3 de la LOE anterior y una disposición transitoria favorable a los conciertos educativos a los centros de educación diferenciada, la USO tiene la confianza cierta y fundada en que esta vez el TSJA –con el nuevo marco normativo- impedirá la barbaridad que nuevamente pretende infligir el gobierno andaluz a familias y a trabajadores.