Esta mañana, la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FE-USO-Andalucía) ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un Recurso Contencioso Administrativo contra las Órdenes de 27 de febrero (publicadas en el BOJA del 7 de marzo) de la Consejería de Educación, por las que resuelve la solicitud de conciertos educativos de los diez centros andaluces que imparten el modelo pedagógico de educación diferenciada y a los que pretende retirarles el concierto educativo, de manera progresiva desde el próximo curso académico, por el mero hecho de no hacerse mixtos.
En el mismo recurso, la FE-USO-Andalucía ha pedido al TSJA la suspensión cautelar de las mencionadas Órdenes, para evitar el daño irreversible que se podría ocasionar para los trabajadores de los centros y las familias, dadas las fechas en la que estamos.
Esta decisión de la Consejería de Educación, arbitraria, injusta, sectaria y enormemente irresponsable, supone para los trabajadores afectados por las unidades a las que la Administración trata de suprimirles el concierto, un daño extraordinario ya que podrían perder su puesto de trabajo, a pesar de que son trabajadores de centros sólidos y viables, con una alta demanda social. Supone, además, un ataque frontal contra la libertad de las familias a la hora de elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos; derecho consagrado en la Constitución Española.
Para el próximo curso podrían verse afectadas 39 unidades que implicaría la pérdida de más de 50 puestos de trabajo. Si, finalmente, la Consejería prosiguiera con su actual política educativa contra estos centros, destruiría 289 puestos de trabajo directos entre docentes y personal de Administración y Servicios, de plantilla; además de otro importante grupo de trabajadores de contratas externas (comedor, limpieza, transporte, etc.), superior a 100 trabajadores.
La USO ha venido luchando denodadamente por el mantenimiento de los puestos de trabajo y por el mantenimiento del concierto en los centros concertados de educación diferenciada, en la Mesa de la Enseñanza Concertada y en diversas movilizaciones en estos últimos meses, pero la Consejera de Educación no ha rectificado su decisión. Por esa razón, la USO acude al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras haber emprendido la misma iniciativa los titulares y diversas AMPAs de los centros afectados.
