Desde FEUSO Andalucía volvemos a denunciar la discriminación a la que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía vuelve a someter a los docentes de FP de los centros educativos concertados frente a los públicos por tercer año consecutivo en lo referente a la labor de prospección de empresas para las prácticas de FP Dual, un cometido que vienen desempeñando habitualmente el profesorado de ambas enseñanzas pero con un trato completamente desigual.
Esta nueva denuncia viene motivada por el reciente anuncio de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado ampliar de forma extraordinaria la plantilla de prospectores para el curso escolar 2021-22 con 50 nuevos profesores, exclusivamente de centros públicos. En la actualidad, cada profesor de un centro público que participa en la captación de plazas formativas de FP Dual en empresas percibe –según información facilitada por la propia Junta de Andalucía– un incentivo de 40 euros por hora extra desarrollada fuera del horario lectivo (mínimo una hora si no consigue el compromiso de la empresa y máximo tres horas si consigue el compromiso más beca para el alumno), algo de lo que no se han podido beneficiar hasta el momento los de la concertada. Además, estos docentes de la enseñanza pública que se suman a las labores de prospección podrán gozar de dedicación completa y exclusiva, en régimen de comisión de servicios. Hasta ahora, el profesorado prospector compatibilizada estas tareas con la docencia en los centros.
Para nosotros es una gran noticia que se amplíe la plantilla de prospectores en la enseñanza pública y se les dote de mejores condiciones para la realización de este cometido, aunque es una medida injusta e incompleta, ya que esa medida también tendría que extenderse a los centros concertados, que forman parte igualmente del Sistema de Educación Pública Andaluza según la propia Ley de Educación de Andalucía.
El agravio cometido con las prospecciones se suma a otros producidos a lo largo de estos dos últimos años, marcado por la COVID-19 y las especiales necesidades generadas por la pandemia. En este sentido, cabe recordar que desde FEUSO Andalucía también alertamos que la administración andaluza no contemplaba realizar las pruebas PCR al alumnado de centros concertados antes de comenzar la FP Dual y FCT, pese a que al profesorado de estos centros sí se le había practicado los correspondientes test de detección del coronavirus. Finalmente, se consiguió que la Junta de Andalucía atendiera esta reivindicación realizada desde este sindicato.
También se alertó de otros hechos discriminatorios en este tipo de enseñanza –especialmente en FP Dual y Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los distintos niveles de Formación Profesional Básica, Grado Medio y Superior–, como es la imposibilidad de que los centros concertados –pese a aglutinar a miles de alumnos– puedan optar a concursos o convocatorias para la mejora de instalaciones –como denunció FEUSO Andalucía, se les impidió optar a la subvenciones para adquirir simuladores para la formación de los alumnos–; o que tampoco se le abone al profesorado de estos centros el desplazamiento a los centros de trabajo donde los alumnos completan su formación.
Exigimos que se reconozcan a ambos profesionales de las dos redes y que a la vez se establezca un criterio claro y único en el que se dote a los centros concertados de Andalucía de los mismos recursos que a los públicos para poder realizar este trabajo con total garantía y eficacia sin discriminaciones ni dobles raseros y con ello garantizar los derechos de alumnado, profesorado y de los mismos centros. Hechos que, sin duda, redundarán en que consigamos entre todos una Formación Profesional de calidad.
Desde FEUSO Andalucía se recuerda que en la Mesa la Enseñanza Concertada de Andalucía celebrada el 30 de septiembre de 2021, la Consejería de Educación y Deporte anunció que ofrecería el mismo trato a la enseñanza concertada frente a la pública en el acceso a ayudas y subvenciones mediante una orden, medida de la que no se ha vuelto a saber nada desde entonces y que, dado lo poco que queda de legislatura, va camino de convertirse en una promesa incumplida más del Gobierno andaluz con nuestro sector educativo.
