La entrada en vigor de la LOMLOE no detiene a la Plataforma Más Plurales, que estudiará detenidamente el desarrollo normativo que el Gobierno y las Comunidades Autónomas hagan para aplicar la LOMLOE. Además, la Plataforma se ha dirigido al Parlamento Europeo con una serie de iniciativas para denunciar la grave vulneración de derechos fundamentales. Reproducimos a continuación la Nota de Prensa emitida por Más Plurales.
«Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para seguir defendiendo la libertad de enseñanza consagrada en nuestra Constitución, para que la enseñanza concertada sea una red complementaria del sistema educativo financiado con fondos públicos sin excluir a nadie de esta posibilidad, especialmente a las familias y alumnos más desfavorecidos, para que se reconozca y prestigie a todos los trabajadores del sector en igualdad a los del sector público, y para que se cumplan todos los acuerdos internacionales que el Estado español tiene suscritos y que afectan al sistema educativo.
Con esta finalidad, Más Plurales se ha dirigido al Parlamento Europeo con las siguientes iniciativas:
El pasado día 26 de noviembre de 2020 se registró ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una solicitud de amparo al considerar que la LOMLOE constituye una grave vulneración de los valores sobre los que se fundó la Unión Europea ya que conculca su Carta de Derechos Fundamentales y el artículo 2 del Tratado de la Unión, y sustenta el Estado de Derecho español.
En los próximos días la Plataforma presentará ante la Comisión Europea una denuncia contra el Estado español por el grave riesgo inminente de vulneración de Derechos Fundamentales y de Libertades del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que supone la aprobación y entrada en vigor de la LOMLOE.
El 19 de enero de 2021 ha entrado en vigor la LOMLOE, sin duda la peor Ley Orgánica de Educación de nuestra reciente etapa constitucional. Una Ley aprobada con un escaso apoyo, con el menor número de votos parlamentarios de todas las leyes educativas democráticas y con una tramitación parlamentaria en la que se ha vetado la intervención de la sociedad civil. Han intentado acallar la voz de una parte muy importante de la comunidad educativa y aprovechando el tiempo de pandemia, pero aun así, el rechazo a la Ley Celaá ha sido contundente y numeroso por parte de la ciudadanía, que ha expresado en las calles y en las redes sociales su opinión, participando en la campaña de protesta que está desarrollando la Plataforma Más Plurales.
Casi dos millones de ciudadanos han firmado el Manifiesto de la Plataforma Más Plurales contra la LOMLOE y a favor de la libertad y la pluralidad. Se han celebrado dos manifestaciones en las que miles de coches han recorrido las calles de las principales ciudades de todo el Estado en señal de protesta por el contenido y la forma en que se ha tramitado esta Ley. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso de toda esta reacción social, despreciando a este movimiento ciudadano e imponiendo una Ley que no responde a las necesidades ni al interés del conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad.
Esta Ley ya nace con el anuncio de varios partidos políticos de presentar recursos de inconstitucionalidad y con el compromiso de derogarla cuando haya cambio de gobierno. No es esta la estabilidad que desea y necesita nuestro sistema educativo.
La Plataforma Más Plurales viene denunciando que la LOMLOE obedece a intereses partidistas con un claro sesgo ideológico, conculca y limita derechos y libertades individuales y colectivos, perjudicando especialmente al sector de la enseñanza concertada, al primer ciclo de la Educación Infantil y a la Educación Especial, a las familias, a los trabajadores y a los titulares de todos estos centros.
Más Plurales considera que la LOMLOE rompe intencionadamente cualquier posibilidad de pacto educativo, busca la confrontación entre enseñanza pública y concertada, asignando a esta última un papel absolutamente subsidiario que la aboca a su progresiva desaparición en favor de una enseñanza pública única. Se prioriza la decisión y planificación de la Administración por encima del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que consideren más adecuada para sus hijos. Se acaba, en suma, con la pluralidad y la libertad de elección que garantiza la Constitución española y que recomiendan las instituciones de la Unión Europea.
Por otra parte, se mantendrá la información y comunicación a la ciudadanía para continuar sensibilizando sobre la gravedad de la situación educativa a la que nos aboca la LOMLOE, y en defensa de los principios básicos de libertad de enseñanza y elección de centro educativo para las familias. También se continuarán promoviendo los contactos y diálogos con todos los partidos políticos, sin exclusión, y con todos los actores sociales con el fin de promover y alentar el consenso necesario para nuestro sistema educativo”.
