La Ley Celaá deja meridianamente clara su preferencia por la escuela pública a todos los efectos, y la nueva situación en la que quedaría el resto de centros adheridos y autorizados como redes de apoyo auxiliares a la pública, que serán prescindibles donde no sean necesarias para completar la oferta de plazas que tenga la pública. Las cosas se van a poner muy cuesta arriba en los próximos años, cuando lleguen los procesos de escolarización y dependiendo del color político de la Administración de turno.
El ciclo 0 a 3 años es estratégicamente importante porque marca el ingreso del alumnado en el sistema educativo.
Por otra parte, la LOMLOE deja clara su voluntad de impulsar fuertemente este ciclo en su Disposición adicional tercera: Extensión de la Educación Infantil. «En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente con equidad y calidad y garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización».
Las cosas se van a poner muy cuesta arriba para los centros adheridos y autorizados en los próximos años, cuando lleguen los procesos de escolarización y dependiendo del color político de la Administración de turno.
No podemos olvidar el documento que plasma el acuerdo entre PSOE y Podemos de diciembre de 2019, el cual establece más específicamente «un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños menores de 3 años«.
En la práctica, esto conduce a una mayor cantidad de plazas públicas que privadas, subvencionadas y/o adheridas. Y también al hecho de que un niño que empieza en esta etapa en un centro público tiene menos posibilidades de cambiar después a otro.
Los Presupuestos Generales del Estado presentados como Borrador ya dan el primer paso en esta dirección al aprobar que se destinarán 200 millones de euros para «la creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años».
Este incremento de las plazas en este tramo de la etapa de 0-3, ya empezó hace más de tres años en Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana como «experiencias piloto».
Como se puede comprobar, la Ley Celaá pone más y más trabas e impedimentos a la propia existencia del sector, con el riesgo evidente para muchos miles de puestos de trabajo y de centros enteros en los próximos años.
Para FEUSO, los Centros de Educación Infantil realizan una labor educativa y asistencial. Los profesionales de esta etapa desarrollan un trabajo fundamental para el desarrollo de las habilidades cognitivas básicas de los niños. Además, reivindicamos:
- Mejoras salariales, laborales y de seguridad y salud para todo el colectivo.
- El mantenimiento del empleo y más en estos momentos de pandemia, para un sector mayoritariamente femenino, que está viendo cómo su futuro laboral se encuentra en grave peligro.
- Revalorizar y prestigiar el extraordinario trabajo que llevan a cabo los profesionales de las Escuelas y Centros de Educación Infantil.
Las Administraciones Públicas, por responsabilidad social, deben habilitar diferentes vías de financiación necesarias que hagan efectivo el derecho universal a la escolarización en el ciclo 0 a 3 años para todas las familias.
Por eso, FEUSO exige la gratuidad universal del ciclo 0 a 3 años en todos los centros. Es el elemento clave para asegurar la viabilidad y el futuro del sector.
