El Juzgado de lo Social nº 7 de Málaga ha condenado a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a abonar a cuatro profesores malagueños de la enseñanza concertada –del Colegio Profesional Sagrada Familia y el CES Fundación Loyola San José– el equivalente de la paga extra suprimida en la Navidad de 2012. En concreto, la cantidad total a restablecer se sitúa en 2.430,63 euros más un recargo del 10% de interés por mora.

Con estas últimas sentencias son ya ocho las ganadas por la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO) en Andalucía en relación a la devolución a la paga extra de diciembre de 2012, que ya acumula cuatro en la provincia de Cádiz, una en Córdoba y otra más en Málaga, a la que se unen las dos conseguidas ahora.

Estas sentencias reconocen que la devolución de la extra a los docentes de la enseñanza concertada en Andalucia ha tenido un tratamiento diferenciador, injustificado y significativo, por parte de la administración educativa respecto a lo devuelto a la enseñanza pública, a la que se le devolvieron todas las cantidades que le fueron detraídas. Sin embargo, a los docentes de la concertada se les devolvió menos de lo que se le quitó.

El origen de este conflicto laboral, aún en vías de resolución, comienza cuando este sindicato constató que la primera devolución del equivalente de la paga extra de 2012 recortada a los docentes de los centros concertados –de manera similar a como se hizo a los docentes de la escuela pública– no venía completa.

En noviembre de 2017, FEUSO Andalucía se convirtió en el primer sindicato en conseguir abrir la ejecución de la Sentencia nº 2266/2016, de 13 de octubre de 2016, y que condenaba a la Consejería de Educación al abono de la totalidad de la extra 2012 a los docentes de la enseñanza concertada, de manera equivalente a la pública. En dicha sentencia, se condenaba a la citada Consejería a abonar a los trabajadores de la enseñanza concertada la totalidad de la extra de 2012 devuelta a la enseñanza pública y de forma equivalente.

Esto fue posible gracias al estudio pormenorizado realizado por parte de los representantes de FEUSO Andalucía de los recortes tanto de todas las nóminas de 2012 como de las tres devoluciones hechas, gracias a lo cual también se detectó, que además de reclamar trienios y cargos directivos, también había que cuantificar dos situaciones más: lo que debe la Consejería de Educación al profesorado que tuviese consolidado en 2012 un CPTA (Complemento donde se reconoce la antigüedad a los profesores procedentes de centros en crisis) y lo que debe la Consejería al profesorado que tuviese reconocido en 2012 un Complemento Compensatorio de Maestro, es decir, si siendo maestro toda o parte de su jornada, la hubiese impartido en ESO.

Con el cambio de Gobierno sucedido en 2019, desde la Junta de Andalucía se mostró mayor predisposición a trabajar para acabar con las discriminaciones que sufren desde hace mucho tiempo los trabajadores de la concertada de Andalucía respecto a sus homólogos de los centros públicos e incluso respecto a los mismos trabajadores de centros concertados de otras comunidades autónomas. Pese a esa predisposición inicial, el actual ejecutivo andaluz tan sólo ha dado solución a uno de los puntos de este tema, como es el complemento de maestros. Del resto, aún no ha acometido nada.

Lo ideal sería que la Junta de Andalucía zanjara de una vez por todas este tema y abonara las cantidades que injustamente se les adeuda a todos los compañeros de la concertada afectados por esta situación. Somos conscientes de las necesidades que hay que atender actualmente a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, por lo que pedimos a la administración que al menos no recurra las sentencias que se vayan ganando y facilite así el camino para conseguir la plena equiparación del profesorado de la concertada y el de la pública. Aún queda mucho por equiparar, por lo que pondremos todo nuestro empeño en conseguir que se haga justicia para tantos compañeros en nuestra región.