En España, ha aumentado el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, a la par que crecen otros índices de pobreza material.

Hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, además de una visión global queremos ofrecer la panorámica de la pobreza en España. Un país en buena situación si nos fijamos en los informes globales de la ONU, pero donde el riesgo de pobreza o exclusión social ha ido en aumento en los últimos años.

De hecho, en 2024, el 26,5 % de la población española se encuentra en esta situación. En el último año, 240.000 personas más han pasado a estar en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto significa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto del año 2023. Unas cifras alarmantes que nos revela el 14º Informe “El Estado de la Pobreza en España”, de la EAPN (European Anti-Poverty Network).

España no está cumpliendo su compromiso en pobreza

El estado actual de la tasa AROPE (Indicador de la Unión Europea para medir el riesgo de pobreza y exclusión social: At Risk Of Poverty and/or Exclusion) sitúa a España lejos del compromiso adquirido. Nuestro país debía estar en un 21 % de riesgo; es decir, 5,5 puntos por debajo del actual: 26,5 %. Esto se estableció en el marco del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU.

De esta forma, podemos constatar que los esfuerzos emprendidos hasta la fecha han sido insuficientes. No se trata de porcentajes, sino de personas. La realidad es que 2,6 millones deberían estar fuera de esta situación de riesgo. Este fue el compromiso adquirido por España. Por eso, la actual estrategia de lucha contra la pobreza está dejando a muchos atrás en el acceso a una vida digna.

La EAPN explica que el grave error que está cometiendo España es considerar que el crecimiento económico combatirá a la pobreza. Por eso, es necesario comprender que el incremento de las rentas medias, la creación de empleo y el crecimiento del PIB no son factores que automáticamente reduzcan las tasas de pobreza y exclusión social. Para ello, se requieren medidas para la redistribución de riqueza emprendida desde el Estado. El objetivo de ellas debe ser sostener la calidad de vida de toda la población.

Las medidas que se emprendieron durante el 2023 han conseguido reducir la tasa de pobreza hasta el 20,2 %. De esta manera, se ha retirado de la pobreza a 10,6 millones de personas, aunque no es suficiente. España, de hecho, lidera en Europa la ineficacia de las medidas para combatir la pobreza infantil.

Algunos datos escalofriantes sobre la pobreza en España

Dentro de las conclusiones más significativas del informe sobre la pobreza en España, encontramos los siguientes:

  • En 2023, 9,7 millones de personas en España se encontraban en riesgo de pobreza. Esto significa que lo está un 20,2 % de la población. La tasa se encuentra 4 puntos porcentuales por encima del compromiso adquirido por nuestra nación en el marco del cumplimiento de los ODS. Esto se traduce en 2 millones de personas por encima de lo pactado.
  • Las personas con carencia material y social severa constituyen el 9 % de la población en España. Es decir, 4,3 millones. Esto afecta con mayor intensidad a las familias monoparentales. En ellas, la tasa se sitúa en 18,4 %, siendo casi el doble que el resto. Además, el 80 % de los hogares en esta situación se encuentran a cargo de una mujer.
  • Las familias que no tienen la capacidad de afrontar un gasto imprevisto continúan aumentando. Han pasado del 33,4 % en 2021 a un 37,1 % en 2023. Además, los que no pueden comer proteínas cada dos días mantienen una tendencia creciente. De hecho, se sitúan en el 6,4 % del total.
  • El 48,7 % de los españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes. Es decir, casi la mitad de la población. Además, esta cifra sigue en aumento.

La vivienda como factor de pobreza

La vivienda es un factor esencial al hablar de pobreza. La concentración de la propiedad sigue siendo constante. De hecho, la población que vive en alquiler sigue aumentando. En 2023, se situó en 19,2 %. Esto tiene que ver bastante con la situación económica, ya que 1 de cada 3 personas en una vivienda alquilada está en riesgo de pobreza. Es decir, un 33%, frente a un 15,7% de los no pobres.

El incremento de los ingresos en los hogares no es suficiente para hacer frente al aumento en el precio de la vivienda. Este ha crecido tres veces más de lo que lo han hecho las rentas reales por persona. Además, la pobreza energética continúa agravándose. Han aumentado los precios de la energía y esto ha ocasionado que el 20,6 % de las personas en estado de pobreza tenga retrasos en el pago de las facturas. Por eso, el 34,2 % de los hogares pobres no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada.

Pobreza y género

El mercado laboral da un trato discriminatorio a las mujeres. Están destinadas a la precariedad y parcialidad. La tasa de desempleo femenino en 2023 fue del 13,8 %, frente al 10,6 % de los hombres. El trabajo a tiempo parcial se presenta en el 21,1 % del empleo femenino. Mientras, en el masculino constituye el 6,6 %.

En cuanto a salario, las mujeres perciben un 18,6 % menos. Esto repercutirá también en el futuro de sus pensiones. Por eso, se estima que estarán un 48,6 % por debajo de las de los hombres. A fecha de hoy, hay medio millón más de mujeres en situación de pobreza que de hombres.

Este informe nos visibiliza que la desigualdad es un problema transversal y acumulativo. De hecho, se manifiesta a través de diversos ejes de discriminación que benefician a las posiciones sociales elevadas. Por eso, se oprime sistemáticamente a personas por su sexo, origen, edad, orientación sexual o identidad de género. Esto incide no solo en la renta que perciben, sino también en el acceso a sus derechos. En ese sentido, la desigualdad es cada vez más amplia. Por eso, en 2023, la renta del 10 % de la población más rica en España es 9,8 veces más elevada que la del 10 % más pobre.

Exigimos que España tome medidas contra la pobreza

Desde USO, exigimos medidas acordes a la realidad de España. De hecho, necesitamos una transformación que ponga en el centro los derechos de las personas. Además, deben tener una especial protección las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso, no deben primar los intereses económicos que protegen a grandes corporaciones empresariales. Estas continúan perpetuando la desigualdad social y el desequilibrio económico, lo que se traduce en que muchos no lleguen a fin de mes. Además, conlleva que no puedan llevar una dieta saludable, tener una casa a una temperatura adecuada o destinen un gran porcentaje de su sueldo a la vivienda.

El crecimiento económico de España podría ser sinónimo de disminución de pobreza. Pero, para ello, se deben establecer políticas adecuadas. Por eso, si continuamos con las fórmulas actuales, nuestro país continuará creciendo económicamente a costa de las personas más desfavorecidas. Es decir, será una economía fuerte, pero que se sostiene a costa de explotación, pérdida de derechos y con una menor calidad de vida de la población. Esto perpetúa las condiciones de pobreza y desigualdad. USO exige un cambio de rumbo hacia un Estado más social.