Desde FEUSO Andalucía lamentamos que la Junta de Andalucía no haya tenido en cuenta nuestras reivindicaciones para dotar de mayor estabilidad laboral al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) que forman parte de la plantilla de empresas privadas y prestan su servicio en centros escolares públicos, para quienes la administración no ha contemplado al menos un complemento salarial, tal y como pedía este sindicato, para que así no existiera un trato discriminatorio entre éstos y los compañeros que forman parte del personal laboral de la Junta de Andalucía y que prestan el mismo servicio, al igual que ellos, en los centros públicos.

El decreto que acaba de publicar el BOJA (disponible en este enlace) para establecer el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales que prestan estos profesionales es una oportunidad perdida por parte del gobierno andaluz para garantizar un trato salarial justo a los 2.800 profesionales afectados por esta medida, en su mayoría, mujeres.

Para FEUSO Andalucía es especialmente triste la poca falta de tacto de la Junta de Andalucía con esta reivindicación, ya que el Consejo Escolar de Andalucía dictaminó a favor de que la Consejería de Educación atendiera la propuesta de este sindicato y aportara un complemento salarial a estos profesionales.

Los PTIS e ILSE que forman parte de las plantillas de empresas que trabajan para la administración sufren desde hace años una situación de precarización y discriminación laboral frente a sus compañeros que forman parte del personal laboral de la Junta de Andalucía, que realizan sus mismas tareas en los mismos centros públicos y con unas mejores condiciones laborales y salariales.

Aunque desde FEUSO se instó, implícitamente mediante otra enmienda previa, a que todos los PTIS e ILSE pertenecientes a empresas privadas que desarrollan su labor en centros públicos andaluces fueran reconocidos como personal laboral de la Junta de Andalucía, esta propuesta no fue aceptada –por un voto de diferencia– por parte del pleno del Consejo Escolar de Andalucía.