Desde USO Enseñanza iniciamos el curso escolar 2026/2027 con la ilusión y el compromiso de siempre con todos los trabajadores y trabajadoras del sector educativo y sectores vulnerables, priorizando siempre la atención a personas con discapacidad.

Un curso que comienza con asignaturas pendientes del anterior, junto a nuevos desafíos por el dinamismo del sector y una coyuntura con fuertes tensiones políticas y sociales junto a una economía próspera para algunos, pero mediocre o precaria para la mayoría.

Entre las asignaturas pendientes destacamos la necesidad de dignificar e introducir mejoras laborales urgentes en la profesión docente, en el sector de Educación Infantil 0 a 3 años y para el Personal de Administración y Servicios de los centros. Los salarios, la jornada laboral, las ratios y las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de sectores educativos y vulnerables requieren una nueva lectura de toda la sociedad, no sólo de la comunidad educativa, y sobre todo de las Administraciones y patronales que deben asumir su responsabilidad, entender los actuales déficits y comprometerse con un proceso de mejora que impida el deterioro de una actividad esencial para la ciudadanía como es la educación.

Es especialmente sangrante la situación que vive la enseñanza concertada. Sometida a muchas críticas, debate y juicios injustos, falsos y temerarios sobre su papel en el ejercicio del derecho a la educación, reducido a parche de la oferta pública por la nefasta LOMLOE, atacando y ninguneando de paso la libertad de enseñanza que es el otro pilar del artículo 27 de la Constitución.

El Ministerio de Educación se niega a reunirse con las organizaciones legitimadas del sector de la concertada y aplaza una y otra vez ese encuentro con la deplorable excusa de que su prioridad es avanzar en los asuntos pendientes de la pública. Con ello ignora una realidad esencial: el servicio público educativo lo prestan tanto los centros de titularidad pública como los privados concertados, y la calidad de ambos debería preocuparle por igual. En especial, deberían preocuparle las condiciones laborales del profesorado de la concertada, ya que, aunque mire hacia otro lado, actúa como empresario indirecto al fijar el techo presupuestario de los módulos de concierto. Ese límite se sitúa en 25 clases, sin distinguir entre etapas educativas, mientras impulsa una reforma legal para establecer 18 horas lectivas en Secundaria y 23 en Infantil, Primaria y Educación Especial exclusivamente en los centros públicos.

Al mismo tiempo, debemos reforzar la negociación colectiva con las patronales para responder con mayor agilidad y eficacia a los problemas del sector. La parsimonia y la demora en alcanzar acuerdos sociales solo incrementarán la conflictividad y acabarán provocando movilizaciones, como ya sucede en la Educación Infantil de 0 a 3 años. El convenio de la concertada, actualmente en negociación, puede asumir decisiones valientes que dependen directamente de las empresas, tanto respecto al personal de administración y servicios como en la aplicación de una jornada lectiva que, en ningún caso, supere las 25 clases como máximo. Es posible, como demuestran otros acuerdos y convenios colectivos autonómicos.

Ante las próximas elecciones sindicales, la escuela pública intensifica sus movilizaciones, incluida la huelga indefinida en algunas comunidades, con un amplio programa reivindicativo que, lamentablemente, suele dejar fuera a la enseñanza concertada o incluso cuestionar su existencia. USO Enseñanza defiende los intereses de todas las personas trabajadoras de la educación, tanto pública como concertada, porque es posible avanzar conjuntamente en muchas demandas de los y las profesionales, sin enfrentar sus intereses por mera estrategia sindical.

La coyuntura no favorece la visión de conjunto, la unidad sindical, la integración y complementariedad de las reivindicaciones.

En Andalucía, además de estar expectantes y dependientes de todo lo que está aconteciendo en el Ministerio, desde USO Enseñanza seguiremos incidiendo en la necesidad de impulsar el desarrollo y cumplimiento de los Acuerdos Marco firmados en julio de 2025, acelerando la implantación de las medidas pendientes y velando por el manteniendo del compromiso político y presupuestario necesario, para mejorar las condiciones laborales de los profesionales y la enseñanza sostenida con fondos públicos.

Así mismo, expresamos nuestra preocupación por el contenido del proyecto de Real Decreto de disminución de ratio para educación infantil 0-3 años, por la viabilidad del sector en Andalucía si continúa en los mismos términos, sin progresividad asumible y si finalmente saliera sin memoria económica.

Y por último, esperamos que este curso sea ya en el que se produzcan las merecidas y deseadas transferencias del profesorado de religión de infantil y primaria a nuestra comunidad, tal y como les corresponde estar.

Por todo ello, USO Enseñanza Estatal y particularmente en Andalucía, afronta este curso dispuesto a negociar, proponer y movilizarse allí donde sea necesario para conseguir mejoras reales. A pesar de los continuos conflictos y dificultades seguimos apoyando la libertad de enseñanza y la complementariedad de las redes educativas, como el mejor camino para un sistema educativo más plural, más libre y más inclusivo.