La Federación de Enseñanza de USO presentó en el pleno del Consejo Escolar del Estado celebrado el 8 de enero un conjunto de enmiendas a la nueva Ley de Educación que prepara el Ministerio de Educación para sustituir a la LOMCE. A la vez, FEUSO ha sido la única organización que presentó también un Informe alternativo pidiendo la retirada de la nueva Ley.
Sin embargo, el pleno del Consejo Escolar rechazó todas estas enmiendas y el Informe alternativo de FEUSO. El Ministerio de Educación y algunos sindicatos y organizaciones educativas que votaron a favor del Anteproyecto desean una vuelta exprés a la LOE y no les está importando que importantes cuestiones educativas apenas se debatan y se imponga un rodillo que criticaron duramente cuando se aprobó la LOMCE. FEUSO rechaza el método seguido por el Ministerio de Educación para el debate de esta nueva Ley, pues la premura en los tiempos no ha permitido debatir en profundidad y con la mayor participación posible los problemas reales de nuestro sistema educativo. Los plazos que se han dado han imposibilitado también que se pudiesen aportar propuestas concretas para solucionar esos problemas. Resumimos a continuación los aspectos más destacados del Informe alternativo presentado por FEUSO al Consejo Escolar del Estado.
Para FEUSO, más prioritario que modificar o derogar precipitadamente la LOMCE, que parece ser el único objetivo del Gobierno para volver a la LOE, hubiera sido retomar un compromiso serio del Gobierno con la negociación del Pacto de Estado por la Educación y romper de una vez por todas con la maldición de los vaivenes legislativos que cíclicamente afectan a nuestras leyes educativas impidiendo la existencia de una norma de carácter básico, estable y moderna con la que afrontar los retos de la educación de nuestro país en el siglo XXI.
En el año 2013, desde FEUSO le dijimos al ministro Wert no a su reforma educativa, pues era inoportuna en aquel momento, se presentaba como una reforma de partido y desgraciadamente con una tramitación poco rigurosa. En 2019, volvemos a encontrarnos con otra nueva reforma educativa, también de partido, que nos alejará aún más si cabe de la posibilidad de retomar las negociaciones del Pacto y que alimenta una politización muy perjudicial para la educación en nuestro país.
El Informe alternativo presentado por FEUSO cuestiona muchas de las afirmaciones del Anteproyecto de Ley, pues se ha realizado sin llevar a cabo ningún diagnóstico serio de nuestro sistema educativo. Al contrario, los argumentos que se emplean en el Anteproyecto, parciales e interesados, únicamente buscan justificar la vuelta a la LOE como una Ley de consenso, cuando conviene recordar que fue una Ley que provocó, al igual que la LOMCE, una importantísima protesta social.
La misma Exposición de motivos del Anteproyecto contiene afirmaciones que desde FEUSO rechazamos tajantemente, como que no se considere la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar complementaria de centros sostenidos con fondos públicos, todos ellos en condiciones equivalentes de calidad, gratuidad e igualdad en el acceso. El Anteproyecto no contiene ni una sola medida que homologue y equipare las condiciones humanas y materiales de los trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos. En este sentido, tampoco contiene ninguna memoria económica ni el compromiso de conseguir el 5% del PIB en inversión educativa hasta alcanzar un 7% durante los años de implantación de la nueva Ley.
El Anteproyecto de la nueva Ley introduce dos novedades en la interpretación del derecho a la educación reconocido por la Constitución en su artículo 27 que deforman el sentido y el contenido original de este derecho para transformarlo en un derecho de los niños, que no de los padres, y en un derecho a la educación pública de forma excluyente hacia la escuela concertada que forma parte en igualdad de condiciones de la red de centros sostenidos con fondos públicos. En el derecho a la educación, se relega el papel de los padres al de socios equiparables con los propios jóvenes, los proveedores de salud o los educadores.
Otra importante novedad de la Ley aparece en el artículo 109. Tal y como está redactado en la LOMCE, dice lo siguiente: “Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes”. Sin embargo, el borrador del nuevo Anteproyecto modifica sutilmente este redactado y lo sustituye por este otro: “Las Administraciones educativas planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”. Este cambio, nada baladí, altera el derecho de los padres a decidir sobre la educación que reciben sus hijos y coloca a la Enseñanza Concertada en una posición subordinada con respecto a la pública, contradiciendo así la reciente jurisprudencia sobre esta materia. La propuesta del Anteproyecto pretende introducir la falacia de que el Derecho a la Educación solo se garantiza con plazas públicas, lo que justificaría que la Administración creara plazas públicas para todos por encima de las necesarias, incluso sin demanda. El ataque a la Enseñanza Concertada, a la que se margina de manera sistemática en el Anteproyecto para beneficiar a la escuela pública, no queda solamente aquí. Se suprime incluso en el Anteproyecto la Mesa de Negociación de la Enseñanza Concertada, lo que nos parece un atropello contra los derechos de los trabajadores de este modelo.
Otro asunto que desde FEUSO rechazamos es la manera que tiene el Anteproyecto de abordar lo relacionado con la asignatura de Religión. No entendemos este afán de polemizar con asignaturas plenamente aceptadas por las familias, que eligen de manera libre y voluntaria (un 60% así lo hacen) esta asignatura para reforzar la educación en valores de sus hijos. El Ministerio La Religión se transforma en una asignatura fantasma incumpliendo los acuerdos Iglesia-Estado y la numerosa jurisprudencia que la avalan como una asignatura equivalente al resto del currículo en sus efectos académicos, de oferta obligada en los diferentes niveles educativos como optativa voluntaria para el alumnado y con una alternativa que no sea discriminatoria para quienes la cursen. El Anteproyecto también olvida al profesorado de Religión, que es personal laboral docente, sin articular ninguna medida que consolide el empleo o determinar salidas laborales dignas que puedan ayudar a paliar el gran recorte de plantilla que supondrá inevitablemente la aplicación de la nueva configuración propuesta por el Ministerio. El colectivo del profesorado de religión es personal docente altamente cualificado, con una gran experiencia acumulada que puede seguir prestando un servicio educativo de primer nivel.
Y el Ministerio de Educación, como ya hizo en la LOE, vuelve a la carga con la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que causó más de 55.000 objeciones en España y 3.000 procedimientos judiciales. El Ministerio propone una asignatura similar de carácter obligatorio para todo el alumnado, decisión que vuelve a levantar sospechas por la posibilidad que contiene de imponer una moral de Estado y una visión ideologizada de la ética, que contradice formalmente la libertad constitucional que tienen las familias de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas o filosóficas.
También, para FEUSO, el nuevo articulado del Anteproyecto quebranta el principio de complementariedad de las redes educativas y la libertad de elección de centro de las familias ya que se elimina en el artículo 109 el criterio de “demanda social”, que tiene importantes consecuencias legales y consagra esta nueva lectura del derecho a la educación de todos como el derecho a la educación pública para todos.
Otros temas que aborda el Informe alternativo presentado por FEUSO, y que de manera más telegráfica hacemos referencia ahora son: restringe la posibilidad de que los hijos del profesorado de la concertada puedan escolarizarse en sus propios centros y acogerse sus trabajadores a los beneficios sociales de recogidos en la negociación colectiva; interpreta la coeducación de manera restrictiva y en contra de la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reconoce que los centros de educación diferenciada por sexos puedan acceder «al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos«, al considerar que este modelo educativo «no causa discriminación» y «es respetuoso con la Constitución«; además, la nueva Ley no extiende la gratuidad de la enseñanza de 0 a 18 años.
Por último, como viene siendo habitual en las últimas leyes, es lamentable que la Ley se olvide de las condiciones laborales de los profesionales de la educación. Desde FEUSO reclamamos que se actualice la redacción del artículo 117 de la LOE para lograr la homologación definitiva de los trabajadores de la escuela concertada con respecto a sus compañeros de la escuela pública en lo referido a las plantillas docentes, la equiparación salarial completa, incluyendo los sexenios, la reducción de la carga lectiva y la inclusión del PAS y del personal complementario de los centros de Educación Especial en el pago delegado. También, se deben incluir también las modificaciones que sean necesarias para que se recojan todos los derechos salariales de los trabajadores de la enseñanza concertada obtenidos y consolidados mediante la negociación colectiva (paga extraordinaria por antigüedad en la empresa del personal docente en pago delegado y el complemento por incapacidad temporal).
En resumen, para la Federación de Enseñanza de USO el Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Educación plantea un conjunto de medidas que, desde nuestro punto de vista, no resolverán los problemas que presenta nuestro sistema educativo ni mejorarán la calidad y la equidad educativa, pues en su esencia es un simple retorno al pasado, una contrarreforma que nos retrotrae en el tiempo a la fracasada LOE del año 2006. La solución a los problemas generados por la LOE y por la LOMCE es el Pacto Educativo.
