Tal y como se contempla en el Proyecto de la Ley Celaá, la Educación Especial, tal y como la conocemos hoy, debe desaparecer en un periodo de 10 años para integrarse en la Educación ordinaria. Sin embargo, como escribe Antonio Amate, secretario general de FEUSO en un artículo publicado en el periódico Magisterio, en paralelo a esta decisión, “se ha producido la movilización sin precedentes de una inmensa mayoría de las familias, centros, profesorado y especialistas afectados por esta medida de manera espontánea y masiva en defensa de la mejora del actual modelo con el que se imparte la Educación Especial bajo el lema integrador “Educación Especial sí, Inclusión también”.
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