Desde FeUSO Andalucía celebramos que desde la administración andaluza se vaya a reforzar la protección de las víctimas de acoso escolar con protocolos más ágiles. Incluso que se inste a abrir el debate de su tipificación como delito y fijar el traslado de centro del acosador como norma.
Estas medidas nacen a raíz de la celebración, el pasado mes de enero, del I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital – ‘Andalucía frente al acoso’, en Córdoba y donde participó una representación de FeUSO Andalucía.
USO valora muy especialmente estas iniciativas que está llevando a cabo la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, ya que nos parece muy significativa su puesta en marcha en relación con el trágico suceso de una alumna de un centro docente de Sevilla, en octubre de 2025.
Además del inmenso dolor que supone este final de una alumna para todos: familia, compañeros, para el propio centro y la comunidad educativa y para toda la sociedad en su conjunto -todos hemos perdido- ; ahora algunos profesionales del centro, siguen sufriendo acusaciones injustas sobre su proceder.
Desde USO, reiteramos nuestro apoyo a la profesionalidad de estos compañeros y compañeras y al propio centro, a los que la administración también debe proteger y cuidar.
Al mismo tiempo, esperamos y deseamos que la familia encuentre serenidad y consuelo en todas estas iniciativas, que a continuación se detallan en la noticia de la Junta, que sin duda ayudarán a prevenir casos desgraciados de futuro.
Más información al respecto en la web de la Junta de Andalucía:
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la celebración del Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital ‘Andalucía frente el Acoso’, que tuvo lugar a finales de enero de 2026 en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, con la asistencia de cerca de un millar de participantes e impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
Este encuentro ha consolidado un espacio de consenso que sitúa la convivencia escolar y el bienestar digital como una responsabilidad social compartida entre familias, docentes y administraciones. Además, las conclusiones del Congreso constituyen una de base de trabajo para el desarrollo de futuras iniciativas legislativas y programáticas que buscan adaptar el sistema educativo a los retos de la transformación digital.
Entre dichas propuestas se incluye el estudio del establecimiento de una edad mínima de acceso a las redes sociales para niños y adolescentes, en línea con experiencias ya implantadas en otros países, la apertura de un debate jurídico sobre la tipificación del acoso escolar como delito, así como el estudio de medidas normativas que refuercen la protección de las víctimas.
Estas medidas se enmarcan en la necesidad de adaptar las políticas públicas a los nuevos retos derivados de la digitalización y del uso intensivo de las tecnologías en la infancia y la adolescencia. En el ámbito educativo, se prevé reforzar los protocolos de actuación frente al acoso, incorporando mejoras en los sistemas de alerta, de manera que las denuncias presentadas por las familias o por miembros de la comunidad educativa sean comunicadas desde el primer momento a la inspección educativa.
Esta medida tiene como finalidad reforzar el asesoramiento, la supervisión y el seguimiento de cada caso, con independencia de que la situación pueda resolverse inicialmente en el ámbito del centro educativo con la colaboración de las familias.
Asimismo, la Junta de Andalucía estudiará una modificación reglamentaria para endurecer las consecuencias para los acosadores en los casos de reincidencia, valorando el cambio de centro como medida ordinaria, con el fin de reforzar la seguridad y protección de las víctimas y garantizar entornos educativos seguros. En este sentido, se subrayó la necesidad de asegurar una respuesta eficaz una vez producido el acoso, evitando la repetición de conductas y priorizando el bienestar emocional del alumnado afectado. Las conclusiones del Congreso también pusieron de manifiesto que, si bien Andalucía cuenta con un sistema sólido de promoción de la convivencia, protección y atención a la salud mental del alumnado, dicho sistema debe seguir adaptándose a los ritmos de transformación social propios de la era digital.
En este sentido, se destacó que la tecnología, en sí misma, no constituye un problema, y que los centros educativos representan entornos especialmente supervisados y seguros, si bien los retos actuales trascienden el ámbito educativo y requieren una respuesta conjunta de toda la sociedad.
En este contexto, en el congreso se incidió en la necesidad de seguir reforzando los enfoques preventivos, la detección precoz de situaciones de riesgo y la coordinación entre los centros educativos, las familias y los servicios especializados.
Asimismo, se propuso avanzar en la integración de la convivencia y el bienestar emocional en los procesos de ordenación y evaluación educativa, así como en la desburocratización de los procedimientos, con el objetivo de facilitar respuestas más ágiles y eficaces ante las situaciones de acoso.
